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En 1990 se llevó a cabo en Tailandia la Declaración Mundial sobre Educación para todos, en la cual se platea que es necesaria una educación en la que los individuos adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para el trabajo, para la vida y para el desarrollo personal. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se adhiere a esta demanda mundial, con la finalidad de asegurar una buena calidad de vida en los años venideros y contemplando la entrada del siglo XXI.

De cara a esta declaración, los países de todo el mundo crearon reformas a sus políticas de educación de manera que la calidad de sus instituciones educativas pudiera ser medida, evaluada y mejorada. México se convirtió en uno de los primeros países que asumieron la reforma educativa como política de estado, tal y como lo hiciera su vecino del norte y surgió la conocida "Modernización educativa" en 1989 como una respuesta a la competencia mundial.

La educación y la capacitación se convertirían en las claves del progreso económico y social propiciando que todas las políticas elaboradas a partir de ese momento, encaminaran sus esfuerzos hacia la mejora de la calidad educativa.

Estos hechos, aunados al incremento de la matriculación en las Instituciones de educación superior, fueron las bases para el surgimiento de un sistema nacional de evaluación que tendría como finalidad garantizar los procesos de aseguramiento de la calidad educativa.