La LGE viene precedida de dos hechos importantes: en primer lugar, las dos reformas al Artículo 3º aprobadas en enero y diciembre de 1992, que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, y en segundo término, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica también de 1992, que dio un impulso especial a la modernización de la educación, descentralizando algunos de sus componentes administrativos en el federalismo educativo.
Esta ley consta de ocho capítulos que contienen 85 artículos y seis transitorios. Los capítulos se ocupan de los temas siguientes, de los cuales nos detendremos a analizar un par de ellos:
El capítulo contiene cuatro secciones con 20 artículos. Su importancia proviene desde el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa Básica, pues éste produjo una fase de descentralización que requería regulaciones especiales. Pone en manos del gobierno federal atribuciones como establecer los planes y programas de educación primaria, secundaria, normal y formación de maestros. Concentra las de mayor relevancia ideológica, política y administrativa en el gobierno federal, y deja a los gobiernos estatales las de ejecución de la normatividad que establezca la Secretaría de Educación Pública.
La segunda sección del capítulo del federalismo, que se ocupa de los servicios educativos, contiene cuatro puntos importantes:
- Establece la obligación de las autoridades estatales de realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto y otros materiales educativos.
- Los maestros - el Art. 20 expresa que “las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación actualizando, capacitación y superación para maestros …”.
Finamente destaca que “las autoridades educativas revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase...” (Art. 22).
La tercera sección de este capítulo se refiere al financiamiento. Sus artículos establecen que para el financiamiento concurrirán el ejecutivo federal y los gobiernos estatales; los recursos federales para la educación no son transferibles a otras áreas y el gobierno federal podrá supervisar la correcta aplicación; los gobiernos estatales deberán tomar medidas para que los municipios cuenten con los recursos necesarios a sus responsabilidades en educación.
El capítulo le entrega la responsabilidad de la evaluación de la educación al gobierno federal, con dos obligaciones concomitantes: todas las instituciones educativas deberán dar facilidades para la evaluación, mientras que las autoridades deberán dar a conocer los resultados de las evaluaciones al interior del sistema educativo y a la sociedad.