Ley para la Coordinación de Educación Superior

En el pasado reciente, en la Cámara de Diputados, los integrantes del Comité de Competitividad realizaron (no en conjunto), una exposición de motivos para la iniciativa de la Ley para la Coordinación de Educación Superior donde se manifiesta que el Estado tiene la responsabilidad de otorgar a los ciudadanos y futuros profesionistas una educación de calidad para hacer frente a los desafíos laborales que enfrenta el país hoy en día, así como a la competitividad profesional internacional.

Se explican que la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos. Es una vía de acceso para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y al mismo tiempo para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población.

Asimismo, se indicó, por el comité citado, que hoy día todos los países del orbe están sujetos y son parte de un intenso proceso de intercambio y conectividad en distintas áreas del conocimiento, y en consecuencia la competitividad entre las naciones se acentúa. De igual modo, quien disponga de una población preparada para desempeñar eficazmente actividades productivas, accederá con mayor facilidad a un alto nivel de vida, con menores desigualdades entre las franjas sociales, lo cual naturalmente es un anhelo de cualquier país.

Como sociedad en transición en los planos demográfico, económico, político, social y cultural, México debe enfrentar simultáneamente dos grandes tipos de retos educativos: por una parte proporcionar educación de buena calidad todos quienes no tuvieron acceso en su momento a la educación; por otra, una población preparada para responder a los desafíos nacionales y para competir eficazmente con nuestros socios comerciales en actividades productivas.


El Comite de Competitividad indicó, también, que la calidad no es el único elemento que la educación superior debe perseguir, pues de nada serviría contar con Universidades e institutos de excelencia académica, que no estén al alcance de todos. Así como la educación puede atemperar las diferencias socioeconómicas entre la población, también puede tener el efecto perverso de ser un factor de exclusión social, fenómeno que se debe evitar y combatir. Es decir, para incrementar la cobertura con equidad no sólo es necesario ampliar y diversificar la oferta educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso, de forma tal que su participación en la educación superior corresponda cada vez más a su presencia en el conjunto de la población, y lograr que los programas educativos sean de buena calidad para que todo mexicano, con independencia de la institución en que decida cursar sus estudios, cuente con posibilidades reales de obtener una formación adecuada.

Asimismo, se presentan objetivos y metas principales para lograr lo anterior:

Objetivos

• Ampliar y diversificar la oferta educativa.
• Obtener altas tasas de titulación o graduación.
• Lograr un cuerpo docente competente de nivel profesional.
• Lograr la aplicación y transmisión del conocimiento, organizados en cuerpos académicos.
• Brindar por parte de las universidades e instituciones, currículos actualizados y pertinentes.
• Establecer procesos e instrumentos confiables para la evaluación de los aprendizajes.
• Gozar de una infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos.

Otro de los principales objetivos también expuestos en términos de competitividad, es la necesidad de vincular a las instituciones educativas con el sector empresarial, así como el papel que puedan jugar todos los actores de la sociedad en la educación para mejorar su calidad. El comité citado insisten en que la interacción de profesores, padres de familia, estudiantes y los sectores productivos debe manifestarse en la planeación y evaluación de las políticas educativas. Explican que la necesidad de replantear el papel del Estado y de propiciar una mayor participación de la sociedad en la educación, no debe verse como un instrumento en detrimento de la rectoría estatal, sino como una mayor coordinación y cooperación entre el Estado y la sociedad, como una oportunidad que favorecerá la elevación de los índices de calidad y extensión de la educación.

Finalmente, los miembros del Comité de Competitividad establecen como uno de sus objetivos fortalecer la vinculación entre el sistema de educación media superior y el aparato productivo:

“Todas las modalidades de la educación media superior deberán tener una salida efectiva al mercado laboral. Estas modalidades educativas deberán favorecer la disposición y habilidad de los estudiantes para el empleo o el autoempleo. Estableceremos esquemas para asegurar que todos los egresados, como parte de  su proceso de acreditación, hayan certificado competencias laborales”.